Las personas solemos criticar a menudo la burocracia que existe en el sector público, los tediosos trámites que no son más que una pérdida de tiempo y dinero. A fin de agilizar estos procesos, el 22 de octubre el Estado puso en vigencia un decreto de ley urgente que obliga a los empleados del estado a trabajar sábados, domingos y feriados con el propósito de brindar servicios de manera ininterrumpida a favor de la ciudadanía.
Desde que entró en vigencia el decreto de ley han surgido una serie de debates en torno a la propuesta del Estado, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica, y cual es la finalidad a la que se quiere llegar. A día siguiente de poner oficialmente en marcha la nueva ley han surgido diversas opiniones de abogados, trabajadores públicos y de la población misma.
¿Trabajar todos los días generará más eficiencia?, Para Jorge Toyama este tipo de propuestas se debe apreciar desde tres aristas: los plazos procesales, las mesas de parte y el trabajo del personal del Estado. Los plazos procesales están en leyes (presentación de demandas, reclamos, apelaciones, etc.) y requieren de una norma del Congreso.
Además, si se cambian estos plazos se afectarían los derechos de las personas, pues se debe garantizar un tiempo suficiente para elaborar sus estrategias. Pero, lo más importante, todos tendrían que trabajar domingos y feriados, afectándose la vida personal y familiar.
Abrir las mesas de partes no requiere de una ley, pero habría que analizar si realmente las personas irán a una municipalidad, entidad pública, etc., un domingo o feriado en vez de disfrutar de su familia o simplemente descansar.
Por último, obligar a los trabajadores del Estado para atender todos los días puede colisionar con convenios colectivos, costumbres etc. Y, lo más importante, ¿será más eficiente los trabajadores si laboran todos los días y descansan por turnos? Se cree que no, pues la eficiencia no está en laborar todos los días sino en la organización del trabajo, el desempeño del trabajador y el clima laboral.
Incluso este decreto de ley ha sido cuestionado y debatido por parte de las entidades públicas que no cuentan con las herramientas necesarias para aplicar la nueva ley. Algunos funcionarios se han opuesto a acatar la ley porque no cuentan con el personal suficiente para trabajar los sábados y domingos.
Ya han paso dos semanas desde que entró en vigencia la nueva ordenanza, sin embargo no todas las instituciones públicas han acatado la ley, por su parte la municipalidad de Piura ha trabajado normalmente el fin de semana pasado, pero por lo que parece el gobierno regional ha hecho caso omiso a la norma, pues su ventanilla de atención al público permaneció cerrada.
Por otro lado ampliar la atención hasta los sábados y domingos es una violación de los derechos laborales, porque los trabajadores también requieren y necesitan de sus fines de semana para descansar.
Entonces existen dos caras de una misma moneda, por una parte está la agilización de los trámites pero por otro la injusticia de que los empleados públicos trabajen los siete días de la semana. Porque si nos ponemos a pensar, la finalidad del estado es mejorar la atención pública a beneficio de la población, pero a nadie le gustaría ser atendido por trabajadores cansados y malhumorados.
Con qué gusto los empleados públicos atenderían a la ciudadanía si su tiempo de descanso ha sido reducido. Claro que también existen funcionarios públicos que no trabajan a conciencia de lunes a viernes, mucho menos lo harán los fines de semana, pero realmente perjudica al personal que labora con responsabilidad e integridad.
La población espera que esta ley los beneficie, que los trámites sean rápidos y eficaces y sobre todo que no decaiga el nivel de eficiencia de los trabajadores.
Por Kattya Cañola
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